Mar Florès

La sociedad civil en México quiere lo mismo: un país justo, garante de paz y desarrollo

In Gobierno y Políticas Públicas on June 3, 2014 at 11:44 pm

La Cumbre Ciudadana es una expresión de la sociedad civil organizada en su pluralidad, con el objetivo de generar un espacio de diálogo y construcción de acuerdos, a fin de consensuar una agenda básica y conformar un frente común desde la diversidad. La Primera Cumbre Ciudadana por un México Pacífico y Justo, ocurrió en mayo de 2012 y logró reunión en el Palacio de Minería de la UNAM, a un importante grupo de actores sociales del país para incidir en las políticas públicas. Dado que es inminente buscar soluciones para algunos de los temas más apremiantes del país, el Grupo Convocante decidió realizar la Segunda Cumbre Ciudadana por una Sociedad de Derechos y Libertades el 02 y 03 de junio de 2014 en Puebla, donde se abordaron once ejes temáticos y una propuesta: Un México justo en el que los derechos y las libertades sean la garantía de nuestra paz y desarrollo.
Metas planteadas

El principal objetivo de la Segunda Cumbre Ciudadana fue generar una propuesta integral de metas para la incidencia en la política pública en los 11 ejes de trabajo decididos para ese fin, buscando una ventana de interlocución permanente y trasversal con la Secretaría de Gobernación, la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, representantes del poder legislativo y los partidos políticos.

Ejes temáticos (con propuestas)

Democracia y participación ciudadana

  • Reasignar el monto de financiamiento público a los partidos políticos con base en la votación nacional emitida (artículo 15, numeral 2 LGIPE) y asignar los recursos restantes (del monto presupuestal del año previo) a educación cívica a partir de la votación del 2015.
  • Que el marco leal, desde la Constitución, reconozca e incorpore mecanismos como Consejos Consultivos, Consejos Económicos, Contralorías sociales, Presupuestos Participativos Iniciativa Popular y Consulta Popular, estableciendo la obligación del Estado para fomentarlos para el 2015. La sociedad civil debe acompañar y ser partícipe del proceso deliberativo en la elaboración de la legislación secundaria de esta meta.
  • Impulsar la liberación de los espacios blancos, garantizar la neutralidad y evitar la censura de la red, así como proveer a Ifetel de las herramientas legales necesarias para que utilice el recurso de desincorporación de manera obligatoria, en caso de que las medidas para aliviar el papel de los actores preponderantes no den resultado en un plazo de dos años y de ese modo abrir la libre competencia en el sector de manera definitiva.
  • Integrar políticas públicas que promuevan la construcción de ciudadanía, estimulen la cooperación entre gobierno y sociedad que promuevan experiencias vivenciales a través de programas institucionales que fortalezcan la cultura democrática, cultura de legalidad y difundan los derechos ciudadanos e impulsen la participación ciudadana en la vida pública y solución de problemáticas comunes, integrándolo en el próximo presupuesto federal.

Fortalecimiento de las OSC

  • Reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de eliminar la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos a OSC y diferenciar claramente los nativos de los subsidios públicos.
  • Una normatividad homogénea que incluya: la publicación de convocatorias, establecimiento de reglas de operación simplificadas y adaptadas a las OSC y comités de dictaminación con participación ciudadana, entre otras.
  • A partir de los lineamientos sobre mecanismos y participación, en proceso de elaboración por Segob, se solicita incluir en su diseño la participación de OSC y que dicha participación tenga carácter vinculatorio.
  • Eliminar la constancia de acreditamiento de actividades en el trámite de autorización como donatarios o, en su caso, reconocer la CLUNI como instrumento de acreditación de actividades.

Seguridad, justicia y derechos humanos

  • Una de las metas de esa mesa es la difusión masiva del Programa a nivel nacional (CNDH, Academia, Medios de Comunicación, OSCS y Ciudadanía en gral.) en el próximos 6 meses.
  • Crear el Consejo Ciudadano en un mes (Organismo Ciudadano de Evaluación del Programa con carácter y representación nacional) tomando en cuenta regionalidad, interculturalidad y equidad de género en su conformación. Además, de generar un mecanismo independiente a las autoridades para la designación de los integrantes del Consejo en mención.
  • Generar un instrumento accesible para que, regularmente, se den a conocer las evaluaciones aplicadas y resultados de los índices e indicadores de evaluación previstos con acompañamiento y validación social.
  • Se pretende, en los próximos 6 meses, crear un Organismo Ciudadano de Evaluación del Programa, con representación nacional.
  • Se tiene el objetivo de fomentar la no criminalización de la portación y consumo de drogas para uso personal y en pequeñas cantidades, particularmente, cannabis. Para ello, se propone modificar el artículo 479 de la Ley General de Salud, para incrementar las cantidades máximas consideradas para uso personal. También se propone apoyar la aprobación de las Iniciativas que se encuentran hoy presentadas en el Congreso de la Unión que solicitan la modificación del artículo citado. Además, otra propuesta es participar el en Foro Organizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del 29 al 31 de julio de 2014.
  • Desarrollar, en los próximos 6 meses, una Campaña de Difusión construida en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
  • Que en tres años (2017), todos los servidores públicos de México sepan y sean conscientes de su responsabilidad ante las autoridades “morales” a nivel internacional.
  • Lograr que el Presidente de la República presente el Plan a más tardar el 3er año de su administración (2016)
  • Convocar al Poder Legislativo para que, en coordinación con la Sociedad Civil, se presente un Plan.

Derecho a la alimentación

  • Que se discuta ampliamente y apruebe la iniciativa de Ley General de Derecho a la Alimentación, con las adecuaciones realizadas por los actores del Frente Parlamentario contra el Hambre y con participación amplia de la sociedad civil, lo cual permitirá recuperar la rectoría del estado en materia alimentaria y garantizar la exigibilidad y justiciabilidad de este derecho humano.
  • En materia de producción, la meta es que la reforma al campo incorpore una sección específica de políticas dirigidas a la agricultura familiar, pequeña y mediana escala.
  • Evitar la concentración, el acaparamiento y la especulación en materia alimentaria.
  • En cuanto al procesamiento y consumo de alimentos, la meta es lograr que se verifique, monitoree y sancione el uso de ingredientes y aditivos en alimentos.

Economía y emprendimiento social

  • Que el gobierno revise la actual estrategia fiscal y hacendaria. Sobre todo aquellas disposiciones y nomas que más impacten en los emprendedores. El gobierno debe asegurarse que las disposiciones y operaciones fiscales fomentan, en lugar de inhibir, la generación de valor económico y el desarrollo económico.
  • Que se defina una figura legal especial para los emprendedores sociales pues figuras como las Sociedades Anónimas o Asociaciones Civiles, por nombrar algunas, no son las adecuadas para que los emprendedores sociales inicien y consoliden sus operaciones.

Educación de calidad

  • Definir los criterios mínimos que debe tener una escuela, con una participación efectiva de la sociedad civil, padres, docentes y académicos. Una vez elaborada esta definición de mínimos aceptables, hacer público el diagnóstico de escuelas y vincular los resultados con acciones e intervenciones de política pública.
  • Descentralizar el modelo educativo, dando autonomía a la escuela para adoptar nuevos modelos y estrategias pedagógicas centradas en el aprendizaje e incorporar contenidos complementarios de manera local.
  • Que se deje de pagar todos los gastos ilegales marcados por la ASF, así como todos los pagos a personas que se encuentren en comisión no educativa o que no estén efectivamente en su centro de trabajo conforme al reciente Censo para el siguiente ejercicio fiscal.
  • Que el INEE entregue los criterios de una evaluación censal del aprovechamiento de los alumnos de todo el país que sustituya a la prueba ENLACE, antes de concluir el presente año para que pueda ser considerado en el siguiente ciclo presupuestas. Esto en cumplimento con las propuestas del Presidente, el Secretario de Educación Pública y el INEE.

Transparencia y rendición de cuentas

  • Entre las metas, está la existencia de un conjunto de condiciones y reglas transparentes para la apertura y el monitoreo ciudadano de los procesos de designación de los integrantes o responsables de órganos garantes de acceso a la información pública, órganos autónomos y órganos con funciones de evaluación, control y vigilancia.
  • Fortalecer y armonizar  el marco normativo del gasto público en los tres órdenes  y poderes de gobierno, incorporando mecanismos de participación ciudadana en las distintas etapas del ciclo presupuestario-desde la planeación hasta la fiscalización- con un seguimiento sistemático a las observaciones de las cuentas públicas y las sanciones que deriven de éstas.
  • Generar un marco normativo del gasto público- en los tres órdenes y poderes de gobierno- que contemple mecanismos de monitoreo y seguimiento a los procesos de fiscalización, así como a las observaciones realizadas a las cuentas públicas, apoyados en la participación ciudadana.

Migración

  • Para el 2018 se asegure el libre acceso a los programas de la política social sin importar la situación migratoria.
  • Asegurar el acceso a los Derechos Humanos por parte de las diferentes entidades del gobierno.
  • Al término de dos años se encuentre contenidos en los programas de actualización en la administración pública federal y local, los tratados internacionales y legislación nacional para el respeto de los derechos de la población migrantes.

Trata de Personas

  • Definir trata de personas basándose en el art. 3 del tratado de Palermo.
  • Incluir en el programa de la Secretaría de Educación Pública una materia de derechos humanos que aborde el tema de trata (educación básica).
  • Profesionalización de los servidores públicos basándose en un código de ética.
  • Homologar y armonizar el marco jurídico en materia de trata de personas.
  • Construir y habilitar 5 albergues regionales especializados.
  • Generar lineamientos mínimos para atención a víctimas de trata y vigilancia en lugares de atención a víctimas de trata.

Inclusión social y cohesión comunitaria

  • Establecer mecanismos para la participación activa de las y los derechohabientes, partes interesadas y partes afectadas-positiva y negativamente- en la toma de decisiones durante las etapas de planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de los programas sociales, sectoriales y especiales pertinentes para la inclusión social y la cohesión comunitaria.
  • Lograr la definición compartida y construida colectivamente de inclusión social y cohesión comunitaria entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.
  • Generar personal capacitado en la inclusión social y cohesión comunitaria dentro de las comisiones legislativas, dependencias, entidades, organismos públicos y de organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos públicos.

Salud

  • Epidemiología, modelos de atención, análisis del modelo de atención a la salud, corresponsabilidad ciudadana y regulación y control sanitario.

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